Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio minorista y de determinados servicios

PeqComercio2

Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio minorista y de determinados servicios

La ley, publicada en el BOE el pasado 26 de diciembre, tiene por objeto reducir las cargas administrativas que pudieran dificultar el ejercicio del comercio y flexibilizar el régimen de aperturas.

La Exposición de Motivos de la ley señala que resultan especialmente gravosas determinadas licencias cuyos procedimientos impiden  el ejercicio de la actividad hasta mucho tiempo después de haber acometido las inversiones iniciales.

En atención a los datos de la OCDE España es el segundo país de Europa donde más trámites es necesario realizar para crear una empresa. La ley tiene por objeto sustituir cargas administrativas por otros procedimientos de control menos gravosos, garantizando en todo caso el cumplimiento de la normativa vigente. Se eliminan todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa, motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, ligados a establecimientos comerciales y otros que se detallan en el anexo de la ley con una superficie de hasta 300 metros cuadrados. Se considera que no son necesarios controles previos por tratarse de actividades que, por su naturaleza, por las instalaciones que requieren y por la dimensión del establecimiento, no tienen un impacto susceptible de control a través de la técnica autorizatoria, la cual se sustituye por un régimen de control ex post basado en una declaración responsable.

La flexibilización afecta también a todas las obras ligadas al acondicionamiento de estos locales que no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. De esta manera, se podrá iniciar la ejecución de obras e instalaciones y el ejercicio de la actividad comercial y de servicios con la presentación de una declaración responsable o comunicación previa, según el caso, en la que el empresario declara cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente y disponer de los documentos que se exijan, además de estar en posesión del justificante del pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.

El control administrativo pasará a realizarse a posteriori aplicándose el régimen  sancionador vigente en materia de comercio interior, ordenación del suelo y urbanismo,  protección de la salud, del medio ambiente y del patrimonio histórico artístico.

Las medidas previstas en la Ley se dirigen sobre todo a las pequeñas y medianas  empresas comerciales y de servicios complementarios que constituyen más del 90 por  ciento de las empresas que desarrollan su actividad en estos sectores, normalmente en  establecimientos cuya superficie útil de exposición y venta al público no supera los 300  metros cuadrados, superficie que da cabida a la mayoría de las actividades recogidas en  el anexo de la Ley.